Directorio unificado de comisarías, Centros Emergencia Mujer (CEM), juzgados de familia, fiscalías y defensa pública en las 9 provincias del departamento de Junín.
Instituciones que te acompañan
El programa Warmi Ñan brinda un servicio integral y oportuno de atención y protección a las mujeres víctimas de violencia, ofreciendo acompañamiento social, orientación legal y contención psicológica gratuita, al tiempo que facilita la derivación hacia refugios temporales y activas rutas de canalización con las instituciones de justicia para salvaguardar la integridad física y emocional de la usuaria y de sus dependientes.
La Policía Nacional del Perú (PNP) brinda un servicio de atención inmediata y protección a las mujeres víctimas de violencia mediante la recepción y trámite de denuncias, la ejecución de medidas de protección otorgadas por los juzgados, el patrullaje preventivo en zonas de riesgo y la intervención directa en situaciones de flagrancia para detener a los agresores, coordinando además con los Centros Emergencia Mujer (CEM) e instalaciones policiales especializadas para garantizar la integridad y el resguardo de la víctima.
El Ministerio Público brinda un servicio especializado para proteger a las mujeres víctimas de violencia, encargándose de recibir e investigar penalmente las denuncias contra los agresores, solicitar medidas de protección urgentes ante el Juzgado de Familia, y ofrecer asistencia médica, psicológica y legal gratuita a través de sus Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar y las Unidades de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) para garantizar su seguridad y sancionar el delito.
El Poder Judicial brinda el servicio de administración de justicia y protección legal oportuna a las mujeres víctimas de violencia, dictando medidas de protección de emergencia (como el retiro del agresor o impedimento de acercamiento) a través de los Juzgados de Familia o Especializados, evaluando el riesgo, tramitando los procesos judiciales y sancionando penalmente a los responsables para garantizar la reparación, la seguridad y el pleno respeto a los derechos de la víctima.
La Dirección Regional de Salud (DIRESA) brinda un servicio de atención médica y especializada a las mujeres víctimas de violencia, realizando el diagnóstico, la evaluación de lesiones físicas y la atención en salud mental mediante contención psicológica e intervención en crisis en sus centros de salud y Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC), además de expedir los certificados médicos correspondientes y activar la ficha de valoración de riesgo para coordinar la derivación oportuna del caso hacia las autoridades judiciales y policiales.
La Dirección Regional de Educación (DRE) brinda un servicio enfocado en la prevención, identificación e intervención temprana frente a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el ámbito educativo, promoviendo entornos escolares seguros e inclusivos mediante capacitaciones en equidad de género, la activación de protocolos de atención para la derivación de casos detectados en estudiantes o docentes hacia las instancias correspondientes (como el CEM, PNP o Fiscalía) y la supervisión del cumplimiento de acciones formativas que prevengan la violencia desde las aulas.
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) brinda un servicio enfocado en la protección laboral y el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia, garantizando el respeto de sus derechos en el centro de trabajo como el otorgamiento de permisos para diligencias judiciales o médicas, la reubicación laboral y la justificación de inasistencias, al mismo tiempo que promueve su autonomía económica mediante el acceso prioritario a capacitaciones para el empleo, orientación laboral y programas de inserción de la bolsa de trabajo regional para ayudarlas a romper el círculo de dependencia.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) brinda asistencia legal integral y gratuita a las mujeres víctimas de violencia a través de la Defensa Pública, ofreciendo patrocinio legal, defensa de oficio y apoyo psicológico y social para garantizar el acceso a la justicia, la obtención de medidas de protección y la sanción de los agresores durante los procesos judiciales.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) brinda el servicio de recopilación, procesamiento y generación de datos e indicadores estadísticos oficiales sobre la violencia contra la mujer principalmente a través de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), proporcionando evidencia cuantitativa actualizada sobre la prevalencia, tipos de agresión y características sociodemográficas del problema para fundamentar la formulación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas orientadas a su prevención y erradicación.
Atención legal, psicológica y social integral a víctimas de violencia física, psicológica y sexual en la provincia de Huancayo.
Equipo interdisciplinario de guardia permanente en comisaría para acoger denuncias inmediatas y dictar medidas de auxilio.
Abogados de oficio y defensores públicos especializados en la Ley 30364 para el patrocinio judicial gratuito de las víctimas.
Servicio de contención y acompañamiento legal para víctimas en la Selva Central de la provincia de Chanchamayo.
Atención bilingüe (Español / Asháninka) adaptada a comunidades originarias e indígenas de la provincia de Satipo.
Recepción de denuncias por violencia familiar, registro de garantías personales y activación inmediata de alertas de búsqueda.
Patrullaje integrado y atención de denuncias policiales en distritos de la Selva Central.
Investigación penal de delitos de violencia, agresiones graves y feminicidio en el ámbito del Distrito Fiscal de Junín.
Investigación penal y persecución de la violencia de género y trata de personas en la Selva Central.
Emisión urgente de medidas de protección (retiro del agresor, prohibición de acercamiento, custodia) en menos de 24h.
Atención especializada y contención psicológica en las provincias andinas de Tarma y Jauja.
Reporte y atención especializada ante casos de violencia o acoso escolar en las instituciones educativas públicas y privadas.
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